RECOPILACIONES
Los Acuerdos de San Andrés
UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ
(Mensaje del Subcomandante Marcos, pronunciado el 21 de febrero de 1994, en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, Chis. Mensaje dirigido al Comisionado para la Paz Manuel Camacho Solís así como a la prensa nacional e internacional).
“Cuando bajamos de las montañas cargando nuestras mochilas, nuestros muertos y nuestra historia, vinimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país; el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor.
Vinimos a preguntarle a la patria, a nuestra patria, ¿por qué nos dejó ahí tantos años? ¿por qué nos dejó ahí con tantas muertes? Y queremos preguntarles otra vez, a través de ustedes ¿por qué es necesario matar y morir para que ustedes y a través de ustedes todo el mundo, nos escuche?.
Que escuchen a Ramona, que está aquí, decir cosas tan terribles como que las mujeres indígenas quieren vivir, quieren estudiar, quieren hospitales, quieren medicinas, quieren respeto, quieren justicia, quieren dignidad.
¿Por qué es necesario matar para que pueda venir Ramona y puedan ustedes poner atenciòn a lo que ella dice? ¿Por qué es necesario que Laura, Ana María, Irma, Elisa, Silvia y tantas y tantas mujeres indígenas hayan tenido que agarrar una arma, y hacerse soldados, en lugar de hacerse doctoras, licenciadas, ingenieros, maestras? ¿Por qué es necesario que mueran los que murieron? ¿Por qué es necesario matar y morir? ¿Qué ocurre en este país? Y hablamos a todos: a gobernantes y a gobernados, ¿Qué ocurre en este país que es necesario matar y morir para decir unas palabras pequeñas y verdaderas sin que se pierdan en el olvido?
Vinimos a la ciudad armados de verdad y fuego, para hablar con la violencia el día primero de este año. Hoy, volvemos a la ciudad para hablar otra vez, pero no con fuego... venimos a la ciudad y encontramos esta bandera, la bandera de México, nuestra bandera. Bajo esta bandera vive y muere una parte del país cuya existencia era ignorada y despreciada por los poderosos; muertes y muertes se iban sumando bajo el cielo de esta bandera sin que otros mexicanos voltearan: ustedes.
¿Por qué tenemos que dormir con las botas puestas y con el alma en un hilo cuidando esta bandera?... ¿Por qué la traemos nosotros como la única esperanza de democracia, libertad y justicia?
Y nosotros queremos preguntarles si hay otra forma de vivir bajo esta bandera, otra forma de vivir con dignidad y justicia bajo esta bandera.
Ustedes nos han dicho que sí, nos han hablado con palabras de verdad, nos hablan al corazón diciendo: denle una oportunidad a la paz.
Nosotros hemos recibido su mensaje y hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. No traemos dos corazones, no hay fuerzas oscuras detrás nuestro ni venimos aquí buscando otra cosa que no sea hablar y escuchar sin armas.
Ustedes nos han dicho que le demos una oportunidad a la paz y nosotros hemos venido aquí con ánimo verdadero y honesto. Si hay otro camino al mismo sitio, al lugar donde esta bandera ondee con democracia, libertad y justicia, muéstrenlo.
No jugaremos con la sangre de los nuestros; si es posible lograr que esta bandera, nuestra bandera, su bandera de ustedes, se eleve con dignidad, sin que sea necesaria la muerte que abona el suelo en que se planta, sea.
¿Y si la paz no es digna y verdadera, quién -preguntamos- nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién nos impedirá entonces vestirnos otra vez de guerra y muerte para caminar la historia? ¿Quién?
Ustedes tienen la palabra... no nos dejen solos... con ustedes, somos todo. Sin ustedes, somos otra vez, ese rincón sucio y olvidado de la patria. Nosotros, el mismo EZLN hemos venido con la misma esperanza con la que venimos el día primero de este año; no la esperanza de poder, no la esperanza del beneficio para unos cuantos, sino la esperanza de una paz con justicia, dignidad, democracia y libertad.
Por eso nos hicimos soldados, para que un día no sean necesarios los soldados, escogimos este camino suicida de una profesión cuyo objetivo es desaparecer: soldados que son soldados para que un día ya nadie tenga que ser soldado.
La patria tiene que nacer otra vez. En nuestros despojos, en nuestros cuerpos rotos, en nuestros muertos y en nuestra esperanza tendrá que levantarse otra vez esta bandera.
Por eso somos soldados que quieren dejar de ser soldados, porque los muertos de antes y de mañana, los vivos de hoy y siempre, los de todos los que llamamos pueblo y patria, los sin nada, los perdedores de siempre antes de mañana, nosotros los sin nombre, los sin rostro, podamos cultivar el poderoso árbol del amor que es viento que limpia y sana; no el amor pequeño y egoista, el gran decir, el que mejora y engrandece.,
Estamos dispuestos a ver si otra puerta -de no violencia- se abre y si es verdadera la seguiremos. Así venimos aquí, con ese ánimo y con ese ánimo hemos hablado y le hemos dicho al gobierno nuestras demandas: democracia, libertad y justicia.
La América Indígena
(Extracto del seminario: Problemática de los Pueblos Indígenas de América Latina, llevado a cabo en la ciudad de México del 22 al 24 de mayo de 1998. Teniendo como redactor designado al Diputado Gilberto López y Rivas).
En la actualidad tenemos alrededor de 40 millones de indígenas en el Continente Americano, pertenecientes a numerosas etnias o pueblos que en el interior de los Estados nacionales conservan sus propias formas de organización social, económica y política y más aún sus propias identidades. Las características demográficas varían de país a país, así como la proporción que estos pueblos guardan con respecto a la población nacional total, habiendo casos en que constituyen la mayoría de la población, como en algunos países andinos o en Guatemala, y otros en que a pesar de ser una minoría de la población, como en Brasil y México, mantienen un importante significado histórico, ideológico y político.
Los pueblos indios forman parte de los sectores más depauperados, explotados y discriminados de América Latina. La historia de la conformación de los Estados nacionales ha significado la permanente subordinación de estos pueblos a los regímenes políticos y a las estructuras socioeconómicas impuestas por los grupos dominantes. Los pueblos indios ocupan, en la mayoría de los casos, los territorios que el antropólogo mexicano Aguirre Beltrán llamó “regiones de refugio”, esto es, territorios áridos, montañosos, inaccesibles o de poca productividad agrícola y con graves problemas de comunicación y de servicios, aunque de igual manera cuando han ocupado territorios ricos en productos naturales o recursos estratégicos, han sido víctimas de una incesante agresión para despojarlos de sus tierras, llegando incluso a su eliminación física, como es el caso de los ataques a los pueblos amazónicos.
Después de la etapa colonial, que significó un verdadero cataclismo para las sociedades existentes, los indígenas sufrieron las políticas liberales decimonónicas de los Estados nacionales latinoamericanos que proclamaban la igualdad formal ante la ley y que rompían con las estructuras comunitarias y con la posesión ancestral de tierras y territorios que habían logrado conservar del régimen colonial.
En muchos países, los Estados nacionales aplicaron políticas que tendencialmente variaban entre el aislamiento o integración racial y cultural, por un lado, y la indiferencia segregacionista que separaba a los grupos de las instituciones y las conquistas de las sociedades nacionales. Las dos políticas, el “integracionismo” y el “diferencialismo”, mantenían un mismo fundamento racista encaminado a romper con las identidades étnicas en favor de las nacionales en un proceso que los antropólogos denominan etnocidio, esto es, la desaparición de las características culturales de centenares de pueblos que alguna vez formaron parte de las extraordinarias culturas precolombinas.
Carne de cañón en la mayoría de los movimientos independentistas y guerras civiles, los indios, a la hora de las victorias, reformas o revoluciones, quedaron relegados de los beneficios de estas luchas sociales. No obstante, las comunidades indígenas tuvieron un importante papel en la forma de nuestras naciones, tanto en el plano simbólico de identidades como en el cultural y de la vida cotidiana. Los pueblos indios de nuestro continente nunca fueron sujetos pasivos de las políticas etnocidas. La historia de estos cinco siglos registra numerosos movimientos de resistencia, que en muchas ocasiones llegaron a expresarse en rebeliones armadas, motines o sublevaciones. De esta manera, la resistencia indígena en sus variadas formas, y las políticas que pusieron en práctica los actuales Estados nacionales, fueron conformando identidades socioétnicas que sincréticamente produjeron grupos con variadas características de todos los orígenes culturales en un incesante proceso dinámico de transformación.
Así, los pueblos indios que viven y sufren las condiciones económicas y sociales de mayor rezago no son en sí mismos sociedades del pasado, sino, por el contrario, producto de un incesante proceso de búsqueda, sobrevivencia y lucha, en el marco de sistemas de explotación otrora colonial y ahora capitalista.
En las últimas décadas, particularmente, los Estados nacionales aplicaron políticas indigenistas con la pretensión de incorporar al indio a la cultura nacional, pero que en la práctica mediatizaron sus formas específicas de expresión política y cultural. En rigor, el indigenismo trata de borrar las diversidades culturales de las sociedades nacionales e incorporar a los indígenas a los sectores asalariados tanto en el campo como en la ciudad.
El indigenismo puede caracterizarse por ser una política del Estado para con los indios, y, en este sentido, su naturaleza es siempre subordinante y clientelar. Pese a su retórica que dice buscar “el beneficio del indio”, el indigenismo ha sido un obstáculo para encontrar o definir los caminos independientes de los pueblos hacia una articulación con las sociedades nacionales de carácter equitativo y democrático.
Es importante destacar dos factores en la lucha contemporánea de los pueblos por su emancipación social, económica y política. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de concientización provocado por la “celebración” de los quinientos años de la invasión europea al continente americano en 1992, a la que eufemísticamente se le denominó “encuentro de dos mundos”. El otro se refiere a la importante conquista que significó para el movimiento indígena continental el establecimiento de un régimen de autonomía en la Costa Atlántica del Caribe de Nicaragua en 1987, como resultado de la revolución social que tuvo lugar en ese país a partir de 1979.
Ambos acontecimientos contribuyeron a crear, desarrollar o potenciar importantes procesos de reafirmación de las identidades étnicas, así como a estimular las luchas por los derechos indígenas y por el reconocimiento de la autonomía como la demanda estratégica de los pueblos indios.
Así durante las décadas de los años ochenta y noventa se constituyen las bases teóricas y programáticas de movimientos de los pueblos indios independientes del Estado que van conformando sujetos activos en el acontecer político de las sociedades nacionales de nuestros países. De la perspectiva acerca de los indios mantenida en décadas anteriores aún en las ideologías más radicales como los “sujetos víctimas” de la explotación y las políticas paternalistas, se pasa a la conformación del sujeto autónomo, activo, participativo, forjador de sus propias decisiones, elaborador de sus propias estrategias en la lucha por sus derechos.
La década de los años noventa es significativa en el movimiento indígena continental por el avance conceptual y político que adquiere el concepto de autonomía. La autonomía se presenta como una alternativa dicotómica y antitética al indigenismo, ya que en ella son los propios pueblos indios los que deciden sobre las formas de participación en los Estados nacionales contemporáneos.
En este contexto, en la madrugada del 1º. De enero de 1994 estalla en el estado mexicano de Chiapas una rebelión armada de indígenas mayas que a lo largo de su proceso de diálogo y negociación con el gobierno de México retoma la demanda de autonomía como núcleo central de sus reivindicaciones en tanto pueblos indios, introduciendo en el debate nacional e internacional la problemática indígena como parte fundamental de la cuestión nacional.
Los Recuerdos de San Andrés
(Datos tomados de un trabajo realizado por la señora Paulina Fernández)
El 22 de abril de 1995, a 16 meses del levantamiento indígena, en la cabecera municipal de San Andrés Larráinzar en los Altos de Chiapas dieron inicio las pláticas de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. Pláticas llevadas a cabo en un salón construido en una cancha de basquetbol y a las que asistieron la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Comisión conformada por legisladores de todos los partidos políticos, así como la Comisión Nacional de Internediación (Conai), integrada por el obispo Samuel Ruiz García y miembros de la sociedad civil; 13 dias antes, el 9 de abril se había firmado una declaración conjunta en el ejido San Miguel llamada “Protocolo de Bases para el Dliálogo y Negociación del Acuerdo de Concordia y Pacificación con Justicia y Dignidad”.
Lo que en un principio se pensó sería el inicio a la solución de las demandas que obligaron a las comunidades indígenas a levantarse en armas y al logro de ser escuchados por vez primera y en plan de negociación a tan alto nivel; se convirtió en tan sólo año y medio en un monumento a la falta de palabra y compromiso del gobierno mexicano para con los pueblos indios.
Tras casi doce largos meses de continuos y agobiantes encuentros, mismos que siempre estuvieron acompañados de fuertes tensiones políticas y militares: desalojos violentos, expulsiones de sacerdotes y religiosos, asesinatos de indígenas, ataques a la Conai, arrestos y sentencias a supuestos zapatistas, acoso, discriminación, etc. Pero también de grandes y esperanzadores esfuerzos por parte de las comunidades tzotziles, tojolabales, tzeltales, choles, zoques y mames, al haberse trasladado puntualmente mes con mes a la sede del diálogo para participar en los cinturones de seguridad.
Pero no únicamente fueron ellos los que cuando hubo necesidad estuvieron presentes en San Andrés de los Pobres, también lo estuvo la sociedad civil quien al igual que los indígenas, confiando en la buena voluntad del gobierno, soportó todo tipo de climas, incertidumbres e incomodidades.
Dentro de esta serie de encuentros, el 5 de septiembre de 1995, el EZLN es invitado por la Cocopa, a pedimenta presidencial, a participar en el Diálogo para la Reforma del Estado, así como a la Mesa Nacional de Negociaciones, por lo que del 18 al 22 de ese mismo mes incian los trabajos de la mesa 1 sobre Derechos y Cultura Indígena, mesa que estuvo conformada por seis grupos de trabajo:
1.- Comunidad y Autonomía; 2.- Garantías de Justicia a los Indígenas; 3.- Participación y Representación Política de los Indígenas; 4.- Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena; 5.- Acceso a los Medios de Comunicación; y 6.- Promoción y Desarrollo de la Cultura Indígena. Trabajos a los que según acuerdo pactado llegó el EZLN con más de 100 asesores e invitados (dirigentes indígenas, antropólogos historiadores). de esta misma manera. llegaron los representantes gubernamentales.
“En todos estos encuentros, -como nos lo cuenta Juan Ansaldo en la revista Ce-Acatl del mes de noviembre de 1995-, fue notable la pasividad de los representantes gubernamentales, quienes en todos los Grupos de Trabajo pretendieron convertirlos en “Foros de Consulta” como ha habido tantos, en los cuales se permite hablar pero no se dialoga, ni se pretende encontrar posibles puentes de solución”... “Lo más interesante fue que se dio un verdadero diálogo y reencuentro entre los propios invitados y asesores del EZLN y los invitados de la parte gubernamental. En ocasiones fue posible entablar el diálogo, el debate, la discusión en aras de encontrar lo profundo de las causas y las alternativas de salida para cada punto. Se encontraron coincidencias naturales, en las que no había mayor problema en redactar la exigencia común del cambio radical del estado de las cosas, el modelo de desarrollo, y la estrategia económica y política de los gobiernos recientes que han sumido en la peor de las miserias a millones de mexicanos. Fue entonces que comenzó a sentirse que el diálogo efectivamente había comenzado, y no entre el gobierno y los alzados en armas, sino entre los mismos representantes de pueblos y organizaciones indígenas y no indígenas presentes en las reuniones. Algunos invitados del gobierno de plano se disculparon y se cambiaron de lugar, porque decían que preferían estar del lado de los zapatistas. Pero entre los mismos invitados de los zapatistas había encuentros y conocimiento de nuevas expectativas de entendimiento y de construcción de un nuevo modelo de nación. Muchos nos conocimos en los debates y finalmente pudimos comprender un poquito más cómo es el panorama tan amplio que significa consolidar redes de intercambio, colaboración, apoyo, y comunicación entre las distintas organizaciones civiles, para construir desde abajo los cimientos que verdaderamente sostengan un futuro más digno para todos...”.
El 16 de febrero de 1996, como resultado de una amplia participación y de la elaboración de un conjunto de propuestas que reflejaban un consenso construido cuidadosamente, y que incluso fueron aceptadas por los asesores e invitados de la delegación gubernamental, finalmente se firmaron los primeros acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas. Sin embargo, durante los siguientes encuentros, el gobierno se dedicaría a entorpecer y a hacer fracasar el proceso de Diálogo. El 4 de marzo, el EZLN dio a conocer su nueva lista de asesores e invitados para la mesa II sobre Democracia y Justicia, la cual tendría verificativo el día 21 de ese mismo mes.
Violentando la buena voluntad, el espiritu y la letra del reglamento para el diálogo, los responsable de la Delegación Gubernamental llegaron a esta mesa sin asesores e invitados. Siguiendo la misma línea que habían mostrado en los trabajos de la mesa I, esta vez, aunque hicieron acto de presencia, no dijeron una palabra; lo que supuestamente iba a ser un diálogo, se convirtió finalmente en un monólogo.
A pesar de que el EZLN cumplió con todas sus responsabilidades en cada uno de los momentos de la Mesa sobre Democracia y Justicia, la Delegación Gubernamental nunca presentó una propuesta seria sobre este tema, por el contrario, canceló la posibilidad de desarrollar el Diálogo, de identificar los problemas y de llegar a acuerdos sobre posibles soluciones.
La incapacidad de la Delegación Gubernamental para cumplir su cometido y para atenerse a los acuerdos y a los reglamentos ya pactados, se vio agravada por el trato siempre autoritario, racista y provocador en contra de los Delegados Zapatistas. Por otra parte durante todo este tiempo el gobierno nunca dio un solo paso encaminado a dar cumplimiento a los acuerdos ya firmados sobre Derechos y Cultura Indígenas. En cambio, extendió la militarización a las comunidades indígenas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Nayarit, Tabasco y Campeche, intensificándose de igual manera las actividades impunes de los grupos paramilitares chiapanecos.
Al no progresar las pláticas y ver que los representantes gubernamentales intentaban dejar de lado el punto sobre Democracia y Justicia (ya en junio de 1995 se había congelado el punto sobre Medidas de Distensión), el 2 de septiembre de 1996 el EZLN resolvió suspender su participación en los Diálogos.
Propuesta de la Cocopa
El 29 de noviembre de 1996, la Comisión de Concordia y Pacificación presentó a las partes en conflicto una propuesta de “Reformas Constitucionales” que aunque no cubría en su totalidad las peticiones indígenas, fue consensada como una traducción apegada al espiritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés, -acuerdos que armonizan con las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas-.
A pesar de que el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet había aceptado esta propuesta pidiendo únicamente esperar el regreso al país del presidente de la República, finalmente dio marcha atrás. Esta decisión daría inicio a la más profunda crisis de todo el proceso de paz.
Contrapropuesta Presidencial
El 19 de diciembre de 1996, el señor Ernesto Zedillo presentó una contrapropuesta totalmente diferente a la de la Cocopa, una contrapropuesta en la que se rechazaban no únicamente algunas formulaciones de la propuesta original, sino además aspectos fundamentales sobre los Acuerdos de San Andrés. Esta contrapropuesta como era de esperarse no fue aceptada por el EZLN, quien prefirió retirarse de la mesa de negociaciones “hasta que los Acuerdos de San Andrés no fueran implementados”.
Finalmente esta inciativa presidencial que rompía con todo lo acordado y que llegó a las Cámaras de manera diferente al proceso de paz, no logró el consenso requerido para su aprobación.
Opinión
Uno de los puntos en que se ha basado el gobierno mexicano para no dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés es precisamente el referente a Autonomía Indígena; para apoyar esta posición se ha recurrido a la opinión de destacados juristas al servicio del gobierno como es el caso del Lic. Ignacio Burgoa Orihuelas, quien se ha pronunciado en contra de la creación de los municipios autónomos, alegando “balcanización y separatismo”, ya que según él, estos romperían con la unidad como nación.
Autonomía Indígena
(Ponencia sobre el tema de Autonomía presentada por el Lic. Adelfo Regino Montes en el Foro Indígena Nacional celebrado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; durante el mes de enero de 1996).
Dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos promulgada por la Organización de las Naciones Unidas, los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dedican ambos su primer artículo íntegramente al tema de la libre determinación, y establecen que éste es un derecho humano que poseen todos los pueblos. El hecho de estar ubicado en el primer lugar del texto y otorgársele un espacio prominente, denota el carácter excepcional de este derecho que, al serle reconocido a todos los pueblos, nosotros como pueblos indígenas también podemos reivindicar... Una de las formas concretas de ejercer el derecho a la libre determinación es la autonomía. Esta permite la expresión de la libre determinación interna de los pueblos y, por el contrario, no implica el ejercicio del derecho a la libre determinación externa, es decir, la facultad de establecer relaciones directas con otros estados de manera independiente. “Autonomía”, por consiguiente, no debe confundirse con “soberanía”, pues esta última, tal como lo define el derecho, es una facultad que únicamente poseen los estados, la cual implica “la potestad suprema... de decidir en última instancia de todo lo que corresponde al bien público, con el monopolio de la coacción física”. Por todo ello, podemos considerar a la autonomía como el campo de intersección entre el derecho a la libre determinación interna de los pueblos y el derecho constitucional de los estados.
La autonomía es la forma de ejercicio colectivo de la libre determinación que los pueblos indígenas de México estamos reivindicando desde hace años. No deseamos, por tanto, una separación respecto del estado mexicano, sino que únicamente estamos demandando mayores espacios de libertad para poseer, controlar y gestionar nuestros territorios, para normar nuestra vida política, económica, social y cultural, así como para intervenir en las decisiones nacionales que nos afectan... La libre determinación -y la autonomía, si es ésta la modalidad que libremente se escoge- la podemos caracterizar también como un derecho indígena fundamental, pues para que los indígenas podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos individuales es preciso que previamente se nos reconozca el derecho que tenemos colectivamente a ser diferentes de otros pueblos. Ningún hombre puede desarrollarse plenamente fuera de un contexto social, que de preferencia debe ser el de su propio pueblo y cultura.
La libertad no se ejerce en abstracto sino en el marco de una sociedad concreta, y esto es especialmente claro en el caso de los indígenas, quienes siempre definimos nuestra identidad en primer lugar como parte de un ente colectivo (la familia, la comunidad, y el pueblo).
Es preciso distinguir también entre “autonomía” y “descentralización administrativa”: las facultades de un ente autónomo derivan directamente de la ley, y no de un órgano administrativo. Según E. L. Llorens, “la autonomía no admite más rectificativo que el legislativo y el judicial”, mientras que “la descentralización admite además el administrativo”. Pero, en cualquier caso, el reconocimiento de regímenes autonómicos implica siempre una descentralización política y administrativa del estado, descentralización que será más o menos amplia según los casos, y que en su máxima expresión incluiría la facultad legislativa del ente autónomo.
Siguiendo este razonamiento, no es posible hablar de un modelo autonómico y de un nivel de descentralización jurídico-política que sea aplicable a todos los casos y a todos los estados. Siendo la autonomía una concreción del derecho a la libre determinación, esa libertad debe manifestarse como la facultad para escoger cual debe ser el alcance de la autonomía y cuales son las competencias concretas que asumirá el ente autónomo. Esto debe hacerse consensándolo con el estado, pues el régimen de autonomía implica una negociaciòn entre las dos partes. Todo ello sin perder de vista que, puesto que las condiciones sociopolíticas y la relación de fuerzas entre el estado y las entidades autónomas son cambiantes, no puede pensarse en la existencia de ningún acuerdo o modelo autonómico definitivo.
De hecho, y en el caso de los mixes, la autonomía no es algo nuevo que vayamos a construir desde cero. Aunque no exista una palabra específica en mixe que se pueda traducir como autonomía, entre nosotros se viene practicando en muchos sentidos lo que podríamos denominar autonomía comunitaria, que en nuestro idioma designamos como la capacidad que tenemos para “darnos nuestras normas” y de “ejercer nuestra autoridad” (ka´am aana´aman”, “ka´am kotujkan”).
El planteamiento que formulamos en este momento es que, lo que ya se da de hecho sea reconocido de derecho, y que sea también ampliado paulatinamente. Si únicamente nos conformamos con disfrutar la autonomìa de hecho, corremos el peligro de que el estado en cualquier momento quiera recortárnosla. Sin embargo, si llega a instituirse en el ordenamiento constitucional nuestro derecho a la autonomía, estaríamos hablando entonces de un régimen político-jurídico acordado, y no concedido. Además de lo que hemos señalado más arriba, en nuestro caso concreto la demanda de autonomía que planteamos se fundamenta en varios hechos.
En nuestra diferencia cultural respecto de otros sectores sociales que integran el estado mexicano, así como en la voluntad política -que cada vez los indígenas tenemos más clara- de que el reconocimiento de nuestra diferencia tenga una concreción no sólo a nivel cultural sino también político.
Es que, aunque se quiera ignorar este hecho denominándonos “grupos”, “etnias” o “poblaciones”, los indígenas somos efectivamente pueblos y, por tanto, precisamos del reconocimiento de nuestros derechos colectivos para que sea posible el pleno disfrute de nuestros derechos individuales.
Otro factor que fundamenta nuestra demanda de autonomía es el haber sido ignorados y marginados históricamente. Mientras las leyes han establecido la supuesta igualdad entre todos los mexicanos, en la práctica real las instituciones del estado no nos han servido, y nuestros pueblos se han visto sometidos a una total desigualdad desde el tiempo de la colonia. Por ello, es preciso que se instituya en estos momentos una asimetría positiva entre los pueblos indígenas y los demás sectores sociales del estado mexicano, que haga posible que paulatinamente nos vayamos equiparando al resto de la nación en el disfrute de las prerrogativas de que gozan nuestros compatriotas no indios. Contrariamente a lo que han dicho algunas personas, esto no implica crear desigualdades entre los mexicanos; sino tratar de paliar las ya existentes.
Cabe señalar también que, desde el tiempo de la colonia, la división territorial que se ha implementado en México ha ignorado ostensiblemente la realidad y la configuraciòn territorial de nuestros pueblos, por lo que creemos justo que se empiece a pensar en la implementación de un nuevo mapa territorial más acorde a nuestras realidades.
Aparte de estas consideraciones de tipo interno, cabe señalar que el reclarmo de autonomía que planteamos los indígenas se enmarca en un contexto global que se da en nuestor país de demanda generalizada de una mayor democracia y participación política. En esta coyuntura, las fórmulas que deben buscarse para democratizar el estado mexicano y para descentralizar la toma de decisiones en todos los sentidos van a depender del sector social concreto al que nos estemos refiriendo: las demandas de una mayor participaciòn política que hacen los colectivos de jóvenes, de mujeres... deben encontrar respuestas a partir de otras fórmulas. Las autonomías no son una “receta” aplicable a todos. Pero en el caso de los indígenas, sostenemos que, sin ser la panacea que va a resolver de golpe todos los problemas de marginación y explotación que viven nuestros pueblos, el reconocimiento de los distintos niveles de autonomía constituirá un primer paso para posibilitar el fortalecimiento de nuestra cultura y nuestras instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas que nos permitirá delinear nuestro futuro y que al mismo tiempo comprometerá al estado a respetar nuestros derechos colectivos e individuales.
Así pues, la demanda de autonomía que hacemos los indígenas de ninguna manera debe concebirse como algo aislado del resto de la nación. Pensamos que dichas autonomías deben entenderse como uno de los mecanismos que permitirán llevar a cabo la profunda reforma del estado que es a todas luces necesaria, e implantar ese nuevo federalismo del que tanto se habla en nuestro país, el cual debe caracterizarse por una relación totalmente diferente del estado con nuestros pueblos. Si solicitamos mayor participación en las instancias nacionales es también porque queremos que algunas instituciones mejoren y estamos convencidos de que los indígenas, desde nuestra especificidad, podemos hacer aportaciones al resto de la sociedad nacional.
Por consiguiente, concebimos el reconocimiento de nuestra autonomía como algo que no sólo beneficiará y fortalecerá a los indígenas, sino que consolidará la unidad de toda la nación, al abrir caminos hacia la verdadera integración de todos los pueblos que conformamos México y al permitirnos verter abiertamente en el país los aportes de nuestras diferentes culturas, en una relación de igual a igual...
Razonamiento
(Opinión del Sr. Manuel Vázquez Montalbán enviada al suplemento mensual Ojarasca del periódico La Jornada, noviembre 98).
No es que México no sea un país moderno, pero también es un país que no ha resuelto los problemas derivados del indigenismo, y no es que los indígenas no se hayan integrado en la llamada modernidad, pero lo han hecho como doblemente perdedores: perdedores frente a los conquistadores y perdedores frente a los administradores de las desigualdades mantenidas en el orden postcolonial.
Postura indígena
(Artículo del Sr. Adelfo Regino Montes, publicado en el periódico La Jornada el 16 de febrero de 1998, a dos años de la firma de los Acuerdos).
Resulta diífil contar la historia que es construida en medio de circunstancias adversas y poco propicias para la paz y tranquilidad social, como lo son hoy día los momentos que se suceden en el sureste mexicano. Esta dificultad aumenta cuando en un texto tratamos de resumir las muchas verdades y los muchos caminos que han llegado a comunarse en el “lugar de la cueva blanca”, así como llaman los hombres y mujeres tzotziles a la sede oficial de los diálogos de paz entre el EZLN y el gobierno federal. Como todo final implica al mismo tiempo un principio, los Acuerdos de San Andrés son un punto de llegada y al mismo tiempo un instante de salida de muchas verdades y caminos. Como dicen en nuestras comunidades: “no cuando sea, llegan a cruzarse las verdades y los caminos”. De hecho, siempre hay un momento en que el encuentro puede producirse y entonces el rostro y el corazón pueden hablarse y comprenderse.
El neozapatismo ha sido una apuesta al encuentro de muchas verdades y de muchos caminos. Su encuentro inicial fue con las comunidades que en las montañas le dieron vida y futuro. Después vino el encontronazo con las esferas del poder y el dinero al emitir el grito del “ya basta” en el amanecer de 1994. En este reto surgió la voz profunda de una sociedad dispuesta a abrazar una paz digna y justa, alejada de los fantasmas de la opresión colonial a la que han sido sometidos nuestros pueblos y regiones.
Pero otros encuentros hubieron antes de la insurrección zapatista. El más conocido es aquel llamado que hiciera Miguel Hidalgo y Costilla por la independencia mexicana. Al llamado acudieron los pueblos indígenas para ofrendar su fuerza y su vida por la liberación de México. Después nadie más se acordaría de nosotros, y si algunos lo hicieron fue para darnos trato de extranjeros en nuestra propia tierra. Más tarde, con el impulso de las ideas liberales en suelo mexicano, “desamortizarían” las tierras comunales para hacerlas susceptibles de propiedad privada, y de esta manera tratar de vencer una de nuestras últimas resistencias: el sentido de comunalidad de nuestra existencia. Contrario a las intenciones de los “liberales” no fue posible derrotar la resistencia india. Semejante a las muchas veredas que hay en nuestras comunidades, se fueron desarrollando múltiples formas de revertir dichos propósitos, que tendrían un cauce común bajo el grito de “tierra y libertad” enarbolado por el movimiento zapatista que dio impulso y fuerza a la Revolución Mexicana.
Y aunque la demanda del zapatismo fue retomada al momento de expedirse la Constitución Mexicana de 1917, los pueblos indígenas de México volvimos a ser negados bajo la máscara de simple “campesino” o “proletario”. Así bajo la lógica anterior, el indigenismo estatal habría de impulsar sus políticas dejando fuera del camino a muchas voces y verdades que desde entonces habrían de construir otras veredas en las montañas y en las selvas. A estos lugares nos arrojan y desde aquí comienza a labrarse la esperanza.
La esperanza -dicen- es lo que muere al último, y la sentencia se cumplió cabalmente en las esperanzas indígenas. La esperanza sería más clara en el presente siglo, cuando en la década de los 70 comienzan a emerger las primeras organizaciones con un claro perfil etnopolítico. Como dirían varias de las personas de aquel entonces, dichas organizaciones emergentes no eran “ni de derecha ni de izquierda, simplemente eran indígenas”, y entonces venían las críticas que por hoy parecen estar superadas.
Lo más difícil, quizás, fue como traducir a aquello que se reivindicaba, de tal manera que fuese comprensible para una sociedad cada vez más sensible a las demandas indígenas. Lo peor es que había que utilizar términos que en el pasado habían sido utilizados en contra de nuestros pueblos. Recurrir a la principal arma que tenía el poder para sembrar dolor y muerte en nuestras comunidades: el derecho y la fuerza.
Así se inicia la construcción sistematizada de los derechos indígenas como el centro de atención de la emergencia indígena. Lo que más causaba y hasta hoy sigue provocando fuertes resistencias, es el hecho de que sean derechos de naturaleza esencialmente colectiva, sin que ello signifique negar los derechos individuales. El sujeto de estos derechos -se ha dicho desde el principio- lo constituyen los pueblos indígenas, tal como aparece signado en la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Consecuencia de lo anterior es el derecho a la libre determinación concretada en la autonomía, en el marco del Estado mexicano. Desde entonces nunca se planteó que la propuesta de autonomía indígena fuese origen de secesión o fracturamiento del Estado mexicano, como hoy pregonan los detractores de las reivindicaciones indígenas, sino que se vislumbró como la oportunidad histórica de saldar de una vez por todas la gran deuda con los pueblos indígenas acumulada durante siglos.
Consecuentes con los principios esenciales de la democracia practicada desde nuestras comunidades, se afirmó que la autonomía debería ejercerse en diversos ámbitos y niveles, conforme a las circunstancias particulares y específicas de los propios pueblos. A la par, se reafirmó que el derecho a la autonomía implicaría a su vez la conquista de otros derechos, sobre todo aquellos relacionados con el territorio y el reconocimiento de los sistemas normativos propios.
Así caminando, hasta antes de 1994 veíamos lejana la posibilidad de debatir y acordar estos temas con el gobierno mexicano. Más lejana la vimos aún cuando se decretó en 1992 una adición al párrafo primero del artículo 4º. De la Constitución Federal, para incorporar en ella una declaración de “buena voluntad” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, presionado desde el exterior por motivo de los 500 años de la llegada de los españoles a estas tierras. Ante esta situación fuimos claros y dijimos que dichas reformas no representaban el sentir de los pueblos indígenas, y que en ninguno de los sentidos constituía un avance para dar cauce a los graves problemas que enfrentamos. En consecuencia su reglamentación jurídica no fue posible, puesto que no podíamos detallar una declaración constitucional que para nosotros era una camisa de fuerza.
Fueron de nueva cuenta el dolor y la sangre de los “más olvidados”, de los “sin rostro”, de los hombres y mujeres del EZLN, los que pondrían en el centro de la atención nacional e internacional la problemática que viven los pueblos indígenas de México y el mundo. Sus símbolos, sus actitudes, sus lenguajes y sus propósitos serían desde aquel amanecer doloroso, un retrato de nuestras realidades cotidianas. Y aunque en aquel entonces muchas de nuestras comunidades y municipios realizaban el acto de transmitir el mando para transitar otro año más de vida, existía la conciencia de que algún día ocurriría el encuentro con la insurrección zapatista.
El espacio privilegiado del encuentro es el territorio tzotzil de San Andrés. Es en este lugar donde la palabra “consenso” va a ser repetida mil veces. Primero entre nosotros mismos y después con el gobierno federal. Hasta hoy no alcanzamos a percibir si el gobierno federal entendió el verdadero significado de la palabra empeñada, que entre nosotros es regla de oro. Los que en San Andrés pusieron su pensamiento y hoy lo detractan como decimos comunmente, “no tienen palabra”.
Los logros alcanzados sobre derechos indígenas en San Andrés constituyen a todas luces un punto de partida. En ella a nada se renuncia, porque el aire que respiramos y el agua que tomamos no son patrimonio de nadie. Porque la autonomía que estamos reclamando -como diría un jefe indio del norte de América- es como el aire que respiramos, es como el agua de los ríos que fluye para alimentar al mundo y a los seres humanos.
Ni separatismo ni privilegios ni balcanización ni secesiones plantean los Acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas. Los que así lo predican inventan fantasmas que no existen, proyectan ideas que por nuestra mente nunca han pasado. Los verdaderos balcanizadores de México y los auténticamente privilegiados son los que hablan y suscriben a nombre de nuestra patria tratados que excluyen a la mayoría y que decretan la muerte para los olvidados. Aquellos que, cobijados bajo el amparo del poder y del dinero, no son sometidos a juicio cuando a sus espaldas pesan la muerte y el dolor de sus conciudadanos. Ellos sí alientan odios, divisionismos, añejos rencores que por siempre deben quedar archivados en el museo de las antigüedades.
Nosotros los pueblos indígenas somos los que mejor testimonio podemos dar en la defensa de la patria y de la soberanía nacional. Somos los que trabajamos la tierra y damos alimentos a una buena parte de la población nacional. “Con el tesoro de nuestros ancestos, hacen culto al indio muerto y desprecian en sus centros cotidianos al indio vivo”.
Los Acuerdos de San Andrés no van más allá de lo que por justicia y por derecho nos corresponde a los pueblos indígenas. Al fin, el paso de los soles y las lunas habrá de juzgarnos como es debido. Por eso, hoy la exigencia mínima y generalizada es que el gobierno federal cumpla con los Acuerdos de San Andrés, que así nos empeñó su palabra desde aquel febrero de 1996.
De un Jurista
Nadie sensato puede celebrar acuerdos con un encapuchado con un seudónimo. Es deber del ejército imponer la paz, desarmar a todos los armados. Si la violencia no cesa por medio de los diálogos, debe cesar por medio de nuestro ejército. El país aplaudiría sin duda esa decisión, pues México ya está harto de tanta violencia en Chiapas.
Palabras del señor Ignacio Burgoa Orihuelas, jurista y asesor del presidente Ernesto Zedillo, al hablar en el senado de la República sobre los Acuerdos de San Andrés (La Jornada, viernes 13 de enero de 1998).
Impartición de Justicia Indígena
“Si las comunidades pueden resolver un delito y castigarlo racionalmente, ¿Por qué te metes tú, Gobierno, a castigar irracionalmente?”
De Carlos Fuentes
“Para nosotros, los mexicanos, el significado es muy claro: se ha creado toda una fachada de México, país del primer mundo que ingresó al OCDE y de repente, un buen día, precisamente el día que se aprueba el Tratado de Libre Comercio, se oye este campanazo terrible en Chiapas.
Fue un recordatorio de que en México las poblaciones indígenas y rurales viven en una extrema miseria.
Ahora argumentan que los pactos del gobierno con Marcos son inaceptables porque balcanizan a México. Darles a los indígenas la autonomía que piden es balcanizar al país. Yo he escrito un artículo diciendo eso. Pero si nosotros hemos balcanizado a los indios, a los campesinos, nosotros somos responsables del Estado. ¿Cómo nos van a balcanizar ellos a nosotros que llevamos quientos años balcanizándolos a ellos?
¿Por qué el gobierno mexicano no respeta los Acuerdos de San Andrés?
(Al respecto el diputado perredista Gilberto López y Rivas comenta en el periódico La Jornada del 16 de febrero de 1998).
“Los Acuerdos de San Andrés” (extracto).
Cuatro al menos son las razones para explicar la negativa del gobierno para cumplir los Acuerdos de San Andrés y para seguir, en cambio, una estrategia de contrainsurgencia a la par de la simulación de un diálogo.
Las ideologías predominantes en la clase política del grupo gobernante que no pueden aceptar marcos jurídicos que reconozcan más derechos que los del ciudadano, bajo el subterfugio de la igualdad formal ante la ley. Para estas mentalidades los pueblos no son sujetos de derecho, ni es posible aceptar formas autonómicas en la organización del Estado con bases en identidades étnicas.
Para el sistema de partido de Estado, las autonomías rompen con las relaciones corporativas y clientelares que los aparatos gubernamentales y del partido oficial impusieron por décadas a los pueblos indios, ponen fin a la manipulación de las comunidades para la defraudación electoral.
Para el modelo económico vigente, las autonomías que San Andrés reconoce se levantan como un obstáculo para el acceso libre del capital a los recursos naturales y estratégicos que se encuentran en las tierras y los territorios de los pueblos indios. Para este modelo, los territorios deben estar vacíos de “interferencias” políticas o locales, que impidan el funcionamiento irrestricto del mercado.
El gobierno no quiere conceder a un grupo armado, del carácter y la naturaleza del EZLN, la victoria política de lograr una profunda reforma constitucional, tampoco desea alentar por extensión a que el ejemplo de los pueblos indios sea seguido por otros sujetos políticos de la sociedad mexicana en la actual coyuntura neoliberal, en la que nuevas formas de lucha social se dejan sentir, de naturaleza étnica, de género de defensa del medio ambiente, de grupos de edad, de ciudadanos, etc.
Impartición de Justicia Indígena
“Si una persona le roba a otra, la comunidad lo resuelve obligando a esa persona a que trabaje para reponer lo que robó; en cambio llega la policía y se lleva al ladrón a la cárcel. Entonces, al hambre de la familia robada se le suma el hambre de la familia que robó”.
hecho por / fait par aceqc
